El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Felipe Cervera Hernández, dijo que los miembros de este órgano legislativo han asumido el compromiso de evitar que el embargo al camarón mexicano se convierta en un botín político, además de buscar soluciones y resultados.

“Se requiere sentar las bases que permitan reformar el marco jurídico para fortalecer al sector pesquero y que reciba lo que en justicia le corresponde”, puntualizó.

Por su parte, Liborio Vidal Aguilar, indicó que son cuestionables e inciertos los motivos reales que sustentan la negativa del Gobierno Americano con respecto a la certificación para la exportación de camarón mexicano obtenido mediante procedimientos de pesca de arrastre.

Los legisladores participaron en la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.

Los secretarios de estado respondieron a los cuestionamientos de diputados integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería; Pesca; Medio Ambiente y de Desarrollo Rural en torno a la sanción administrativa impuesta por Estados Unidos a la exportación de camarón.

Vidal Aguilar mencionó que la capacidad de las dependencias mexicanas encargadas de vigilar la realización sustentable de actividades pesqueras, cuya reglamentación es clara, se pone en entredicho.

Añadió que la supervisión constante de los procedimientos de extracción de productos marítimos, por parte de organizaciones ambientales y representantes de países con quien México tiene acuerdos comerciales, exige la aplicación puntual de las normas y procedimientos.

Hizo un llamado para que exista más atención por parte de las dependencias de gobierno relacionados directamente con dicha función como son la PROFEPA, la CONAPESCA y el INAPESCA.

“Si bien es cierto que la negativa a la certificación no afectará  al total de las exportaciones de camarón mexicano, es importante considerar que tendrá serias repercusiones para un sector vulnerable de nuestra economía y consecuencias importantes en términos sociales”, prosiguió.

“Ante este escenario el Partido Revolucionario Institucional se pronuncia por la estricta aplicación de las normas y leyes en protección del ambiente e insta a las dependencias encargadas de estas funciones a fortalecer las medidas de supervisión y asumir la responsabilidad real con respecto a las graves consecuencias del asunto que nos convoca”, finalizó.