En conferencia de prensa, realizada en el Salón de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, el funcionario señaló que las declaraciones emitidas por legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) sobre este tema son falsas, absurdas y carecen de sustento jurídico.
Ante tales acusaciones, descartó que el Gobierno del Estado vaya a vender o haya comprometido algún centímetro de las tierras adquiridas, por lo que reiteró que son falsas las declaraciones que dicen lo contrario.
Este procedimiento desde un principio ha sido claro y no se ha ocultado nada, por lo que tratar de manchar un procedimiento transparente como éste obedece a intereses no legítimos.
“El Gobierno del Estado adquirió esa superficie de tierra actuando con estricto apego a la legalidad, tratando directamente con los ejidatarios, con quienes se acordó el precio y los plazos de pago, y sin utilizar ningún tipo de intermediario en la operación”, puntualizó.
El titular de la Consejería Jurídica precisó que la adquisición de esas tierras se realizó a través de una venta perfecta, ya que para ello, dijo, las partes se pusieron de acuerdo en el objeto, el precio y la voluntad de vender y comprar.
A pregunta expresa ejemplificó que la compra actual de tierras en nada se parece a la realizada por la administración anterior, que sí utilizó como intermediario al corredor de tierras Antonino Almazán Arteaga, por lo que insistió en que existe una total transparencia en la compra actual.
“Cuando la administración del ex gobernador Patricio Patrón Laviada determinó comprar las tierras del ejido de Hunucmá para el proyecto Metrópolisur, siguió un procedimiento similar a éste, con una diferencia importante: no fueron a tener un trato directo con el ejido, sino que mandaron especuladores de tierra, en ese entonces a Antonino Almazán Arteaga”, apuntó.
En ese proceso, recordó, se engañó a los ejidatarios y se adquirieron las tierras y aún sin haber concluido el procedimiento, las autoridades de la administración anterior firmaron los contratos y adquirieron los terrenos.
“La diferencia entre ese procedimiento y el que nosotros estamos llevando es que nosotros, desde el inicio, fuimos a tratar directamente con los ejidatarios, se acordaron los precios con los ejidatarios, se realizaron los plazos, los contratos con los ejidatarios y los ejidatarios siempre han tenido conocimiento de que están tratando con el Gobierno del Estado, sin intermediarios”, subrayó.
Al detallar la operación agraria, Cuevas González recordó que en febrero de 2008 los socios del Ejido de Ucú determinaron por unanimidad vender esa superficie de tierra al Gobierno del Estado por un total de 343 millones 347 mil 526 pesos, a razón de 11.40 pesos el metro cuadrado.
Las actas que avalan la realización de las asambleas ejidales fueron enviadas a las autoridades agrarias correspondientes, por lo que todo se hizo conforme a las leyes vigentes en la materia, apuntó.
Explicó que los ejidatarios acordaron que los terrenos dejarían de ser de uso común para convertirlos en parcelas y designaron a 11 personas como sus representantes por igual número de parcelas, quienes son los que realizaron los tratos con las autoridades estatales.
El funcionario indicó que actualmente el proceso de adquisición de las más de tres mil hectáreas se encuentra en una fase final, por lo que sólo falta que el Registro Agrario Nacional (RAN) envíe los títulos del Ejido y se proceda a la escrituración de los terrenos.
Lo único que hace falta es la formalización de este trámite, pero ya el Ejecutivo del Estado ha tomado posesión de las tierras desde el 19 de mayo de 2008, en donde se desarrollará un importante proyecto inmobiliario, comercial e industrial denominado “Ciudad Ucú”.
Respecto a que si es necesario contar un certificado de la no vocación forestal de esa superficie, el funcionario aclaró que no en todos los casos se requiere de este tipo de dictámenes; no obstante, si a criterio del RAN se requiere de este trámite, el Ejecutivo del Estado está en la disposición de que se lleve a cabo.
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